La provincia de Salta presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción de amparo y una medida cautelar para exigir el restablecimiento de al menos 129 pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas en julio de 2025.
La presentación fue realizada por la Fiscalía de Estado de Salta, bajo la instrucción del gobernador Gustavo Sáenz, y va dirigida contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Salta denuncia que las suspensiones fueron realizadas mediante procedimientos arbitrarios, irregulares y con falta de transparencia, afectando a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Se señala además el destrato institucional hacia los beneficiarios y organismos locales, con irregularidades como falta de notificación previa, criterios dispares en evaluaciones médicas y auditorías hechas por personal no habilitado.
La provincia no solo reclama el restablecimiento inmediato de las pensiones, sino también el pago retroactivo de los haberes retenidos. Además, solicitó al tribunal que ordene una auditoría transparente, profesional y accesible que respete el debido proceso y derechos de las personas con discapacidad, y que se convoque una audiencia pública con participación de todas las partes para garantizar un espacio informativo y conciliatorio.
El gobernador Sáenz enfatizó que “no pueden pagar justos por pecadores” y pidió auditorías serias y transparentes para esclarecer posibles irregularidades sin perjudicar a las personas legítimamente beneficiadas.
Esta acción judicial tiene como objetivo revertir un acto de gobierno que, según Salta, agravó la exclusión y vulneración de derechos fundamentales de los sectores más vulnerables en la provincia.
