La jueza salteña señora Norma Beatriz Vera ha condenado a tres empleadas del hospital Papa Francisco de Salta a la pena de dos años de prisión ejecución condicional, tras hallarlas culpable de dos delitos de uso de certificados falsos, mientras que absolvió a otros dos acusados.
El fiscal Horacio Córdoba Mazuranic las había acusado de ser las autoras del de los delitos de uso de certificado falso, fraude a la administración pública y violación culposa de las medidas sanitarias, mientras a que los dos encausados que finalmente resultados absueltos los empleados administrativos de un centro de vacunación, el fiscal los había acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación culposa de las medidas sanitarias.
Según la información oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta, las empleadas del hospital, mediante certificados de salud apócrifos, en los que se hacía constar datos falsos respecto a patologías preexistentes y a la edad de dos niños, hijos de las mismas mujeres, consiguieron que los niños fuesen vacunados contra el COVID-19 de manera irregular en el centro de convenciones de Limache.
El hecho juzgado ocurrió en agosto de 2021, durante la pandemia de COVID, cuando se detectó que una empleada administrativa del hospital Papa Francisco y dos enfermeras del mismo centro (madres de los menores involucrados) habían utilizado certificados apócrifos con el membrete del hospital, pero que carecían de correspondencia en letra, de firma y de sello.
Los papeles membretados fueron empleados para emitir certificados para los dos niños, modificando sus fecha de nacimiento y edades, así como consignando patologías que no padecían. El propósito era que fueran vacunados contra el COVID-19, alterando así el plan de vacunación vigente según franjas etarias y comorbilidades existentes en los pacientes, poniendo en riesgo la salud de los menores.
Durante la investigación, se praticaron registros en los domicilios de las tres mujeres, y en dos de ellos se secuestraron formularios con el membrete del hospital Papa Francisco.
También llegaron a juicio un hombre y una mujer, quienes se desempeñaban en el centro de recuperación COVID-19 que funcionó en el centro de convenciones y estaban a cargo de la recepción y registro de las personas previamente anotadas mediante turno telefónico. Según el fiscal, estos dos empleados omitieron constatar la identidad de los menores, ya que la persona que los llevó a vacunar no exhibió su DNI y facilitaron que accedan a una vacuna que no les correspondía.
