Se trata del extitular del Consejo Federal de Turismo, César Ovejero y del subsecretario de Promoción Turística, Fernando García Soria. Ambos, fueron funcionarios de Urtubey en el ámbito provincial.
Funcionarios del área de turismo del gobierno de Mauricio Macri, fueron procesados por la jueza federal María Servini, por una presunta defraudación en la contratación de una campaña publicitaria de sitios turísticos, ocurrido en Semana Santa de 2016. Se estima que la suma es superioR a los diez millones de pesos (de esa época).
Si bien, la causa inició en el año 2018, por la denuncia del empresario Gonzalo Yrurtia- vinculado al turismo- en la Oficina Anticorrupción, recién en el año 2022, se tradujo en una causa judicial.
La investigación, sitúa a una campaña publicitaria del 2016, en la cual se buscó promover el turismo interno durante la Semana Santa de ese año. En la misma, supuestamente habían competido tres empresas: Team Media, Publicidad 10 y 80/20 Marketing & Publicidad, comenta el diario Página 12.
Asimismo, en ese momento, salió adjudicada la empresa Telam Media, pero el proceso para ese resultado fue tachado de irregular. La investigación que llevó adelante la jueza Servini detectó que existió una suerte de “cartelización” de esa contratación, puesto que las empresas tenían vinculaciones entre sí.
La sospecha es que no hubo una competencia entre tres empresas sino una suerte de coordinación para obtener la adjudicación de la campaña. El fiscal federal Federico Delgado imputó a los funcionarios del área de Turismo y a los funcionarios por los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La investigación comprende a dos salteños, que cumplieron funciones durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Se trata del entonces titular del Consejo Federal de Turismo César Ovejero y subsecretario de Promoción Turística, Fernando García Soria.
Además, incluye al coordinador, Claudio Massetti; el secretario Alejandro Lastra; la directora de jurídicos del área, Ana Gradín y los empresarios Marcelo Rafael Barrientos y Mauricio Jörgensen.
“El vínculo y el interés por parte de los funcionarios con las firmas puede apreciarse no solo de los vínculos a través de redes sociales, sino por el hecho de las similitudes entre las planillas de precios aportadas, montos y errores de tipografía”, sostuvo la jueza al dictar los procesamientos. Los funcionarios –añade la resolución- “omitieron cumplir con sus obligaciones legales, cuando no actuaron en contra de las mismas”.
Los procesamientos incluyen embargos por más de 50 millones de pesos para cada imputado.
Fuente: Página 12
