El presidente Javier Milei, a través de un nuevo decreto, limita significativamente las funciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), prohibiéndole actuar como querellante en casos de corrupción y lavado de activos.
El gobierno de Javier Milei ha realizado un cambio drástico en el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) a través del decreto 274/2025. Esta modificación clave impide a la UIF actuar como querellante en investigaciones de corrupción y lavado de dinero, restringiendo considerablemente su participación en el sistema judicial.
La decisión se enmarca en un contexto de cambios en la cúpula de la UIF, con el nombramiento de Paul Starc como nuevo titular.Si bien el decreto amplía las capacidades de la UIF para compartir información con otras agencias de inteligencia e investigación, esta información solo podrá ser utilizada para análisis estratégico y no para la persecución judicial de delitos.
La UIF se centrará ahora en la recopilación, análisis y difusión de información financiera, emitiendo normas y directrices a entidades financieras, pero sin intervenir directamente en los procesos judiciales.
Este cambio representa una significativa alteración en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos en Argentina, trasladando la responsabilidad de la acción penal a otras instituciones. Las consecuencias a largo plazo de esta decisión aún son inciertas y serán objeto de debate y análisis.
