La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) expresaron una “profunda preocupación por expresiones de autoridades políticas” relativas a la reciente decisión judicial que no homologó el plan de pagos de la agroxportadora Vicentin. Y advirtieron que la incertidumbre sobre Vicentin pone en riesgo al empleo de toda la industria aceitera.
Fue en alusión a lo que escribió elpresidente Alberto Fernández en la red social X: “El Banco Nación, como acreedor privilegiado, velará en la etapa que se inicia para que se cumplan los objetivos que siempre nos guiaron: hacer que Vicentin siga siendo una gran empresa argentina”. En un sentido similar se expresó la titular de la entidad monetaria, Silvina Batakis.
Desde CIARA y CEC consideraron “imperativo que se respeten todos los procedimientos legales y la división de poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen. Violentarlos genera inseguridad jurídica, cuestionamientos a la propiedad privada, riesgos laborales y asimismo, aleja las inversiones en el país”.
Plantearon la situación delicada de la agroindustria “en un momento en el que la macroeconomía muestra signos de debilidad y la sequía impactó en la industrialización y exportación, y las recientes medidas judiciales podrían afectar la estabilidad laboral y el funcionamiento de toda la industria, en medio de “tensiones sociales de público conocimiento”.
Sin perjuicio de lo anterior, CIARA-CEC tomó posición sobre el accionar desde el Gobierno: “Si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería operar en igualdad de condiciones ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier trato diferencial en términos financieros, impositivos u otros podría tener graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial”.
