La medida se aplicaría por decreto y el oficialismo discute bajo qué régimen funcionará el mercado.
En pleno desconcierto macroeconómico, y golpeado por variables como el vaivén del dólar y la inflación desatada, el Gobierno decidió ponerle fin a la ley de alquileres vigente. La medida, que se hará efectiva mediante una suspensión del marco que llegará por decreto, se tomaría de manera oficial antes de que concluya la semana. La decisión llega tras una reunión celebrada en las últimas horas entre el presidente Alberto Fernández y Sergio Massa, al frente de la cartera de Economía. En las inmobiliarias predomina la sorpresa y la confusión respecto de qué criterio regirá una vez aplicado el nuevo criterio.
La decisión del Gobierno ocurre sin que exista una alternativa ya pensada para reemplazar a la ley actual. Inmobiliarias, desarrolladores y propietarios reclaman el retorno de los contratos a dos años y los ajustes cada seis meses. Sin embargo, la suspensión del marco actual no redundaría en un retorno al régimen anterior.
Muy por el contrario, predomina la idea de que se abriría la opción de que los nuevos contratos se negocien sin plazos fijos estipulados por ley. Esta posibilidad reavivó la alarma en grupo como Inquilinos Agrupados, que entienden que un escenario de eventual vacío regulatoria podría alentar aumentos mensuales sin control y una redefinición en los pagos de ítems como los meses de depósito.
