Es una de las herramientas que tiene el máximo tribunal para ejecutar su resolución. Se prevé que los jueces rechacen ambos recursos del Gobierno.
“Es de imposible cumplimiento para el Gobierno nacional”. Con este argumento la Casa Rosada se niega -por el momento- a cumplir con la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia a través de la que ordenó que se entregue a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables mediante transferencias diarias y automáticas del Banco de la Nación Argentina.
La gestión de Alberto Fernández presentó una revocatoria in extremis, un recurso de reposición que se interpone ante una sentencia que se considera injusta o de imposible cumplimiento y anunció que recusará a los integrantes del máximo tribunal. Una clara estrategia para ganar tiempo porque se descuenta que la Corte rechazará ambos recursos y a partir de allí comenzará la etapa de ejecución de la medida cautelar, es decir, el Gobierno deberá comenzar a depositar en las cuentas de la Ciudad el dinero correspondiente a la coparticipación.
Si en esa instancia la Casa Rosada aún se niega a cumplir con el fallo judicial, la Corte Suprema de Justicia puede recurrir a una serie de herramientas para hacer cumplir la resolución: desde embargar los fondos del Estado nacional a través de la AFIP como una copia certificada a la Justicia Penal para que investigue si los integrantes del Poder Ejecutivo incurren en el delito de deberes de funcionarios públicos. Esta última no es más que una denuncia.
Coparticipación: las herramientas que podría usar la Corte para hacer cumplir el fallo en favor de la Ciudad de Buenos Aires
De llegar a esta instancia el país habrá ingresado en un conflicto de poderes que solo generaría un daño en el orden institucional de la Nación. “Creo que la Casa Rosada busca ganar tiempo, no creo que lleguemos a una instancia tan compleja”, le dice a TN una de las fuentes consultadas.
Es que la acción del Gobierno de negarse a cumplir la resolución del tribunal lo expone a una serie de denuncias penales, como la que formulará la Coalición Cívica ARI o hasta incluso la Corte puede poner en conocimiento de la Comisión de Juicio Político del Congreso de la Nación que el Poder Ejecutivo incumple una manda judicial, aunque esta también sería una instancia a la que solo se llegaría en caso de que Alberto Fernández se resista a cumplir con el fallo.
Según los especialistas cabe la posibilidad de que los funcionarios también sean denunciados por desobediencia. Esta acusación caería sobre todos aquellos integrantes del Poder Ejecutivo que tendrían que haber hecho cumplir la normativa: de la Casa Rosada a los directivos del Banco Nación.
Así se lo explicaron a TN dos especialistas constitucionalistas que analizaron el comunicado de la Casa Rosada y los gobernadores en el que explicaron los motivos por los que rechazaron la resolución de la Corte.
En paralelo a las acciones que pueda llegar a desarrollar el máximo tribunal, existe la posibilidad de que la Ciudad pueda pedir el embargo de las cuentas del Estado Nacional para hacerse de esos fondos. Este viernes el jefe de Gobierno porteño adelantó que denunciarán a cada uno de los funcionarios del Poder Ejecutivo que deben hacer cumplir la resolución.
