El presidente Javier Milei, ha iniciado formalmente el proceso para privatizar Energía Argentina S.A. (ENARSA), una de las principales empresas estatales del sector energético.
Esta decisión fue oficializada mediante el Decreto 286/2025, publicado en el Boletín Oficial el 25 de abril de 2025.
El proceso comenzará con la venta del 50% de las acciones de Citelec S.A., la sociedad controladora de Transener, la mayor operadora del sistema de transmisión de energía eléctrica en alta tensión del país.
La venta de estas acciones se realizará a través de un concurso público, abierto tanto a nivel nacional como internacional, en línea con lo estipulado en los artículos 17 y 18 de la Ley 23.696 de Reforma del Estado.
Este paso representa la primera etapa de un plan más amplio que incluye la desinversión progresiva en otras unidades de negocio de ENARSA, como las centrales térmicas Manuel Belgrano y José de San Martín, el Gasoducto Perito Moreno, y las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz.
El Gobierno fundamenta la privatización en la necesidad de asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa de manera eficiente y competitiva, promoviendo la incorporación de inversores privados. Según el decreto, el modelo actual de gestión pública ha resultado ineficiente, y la transferencia al sector privado busca mejorar la gestión y atraer inversiones.
La privatización de ENARSA se enmarca en la Ley Bases y forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para reducir el control estatal sobre áreas estratégicas de la economía y disminuir el déficit fiscal. Además, el Gobierno está finalizando la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que establecerá los aumentos tarifarios y los planes de inversión para los próximos cinco años, lo que podría hacer más atractiva la empresa para los potenciales compradores.
ENARSA no es la única empresa estatal en proceso de privatización. El Gobierno ha acelerado la evaluación y el inicio de procesos similares para otras compañías públicas, como Aerolíneas Argentinas, Intercargo, ARSAT, AySA, Banco Nación, y Belgrano Cargas, entre otras. En total, se analizan los destinos de unas 59 empresas estatales, que podrían ser privatizadas total o parcialmente, concesionadas, transformadas, cedidas a provincias, cerradas o asociadas con socios estratégicos.
