Distintos referentes del equipo económico insistieron en que el sector privado debe pagar el bono de $60.000.
En medio de la tensión con los empresarios por la suma fija, el Gobierno refuerza los controles para que todas las firmas que adhirieron a Precios Justos cumplan con el programa, ya que si no lo hacen perderán los beneficios del acuerdo que firmaron con la Secretaría de Comercio.
Así lo afirmó este miércoles el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, quien detalló el sistema que aplicaron desde esa dependencia para detectar las irregularidades en las más de 400 empresas comprometidas.
“Recibimos dos millones de facturas de compra por día. Y por medio de un sistema, estamos terminando de aplicar la trazabilidad que va desde el productor hasta el consumidor final”, explicó.
En esa línea, detalló: “Es decir: la factura tendrá un código que permitirá detallar cada producto incluido, y si detectamos que se ha vulnerado el acuerdo, la empresa perderá los beneficios de Precios Justos”, añadió.
Luego de que se confirmara la renovación del programa con topes de aumento de 5% hasta noviembre, el Ejecutivo emitió esta semana un decreto que establece menos carga tributaria en el comercio exterior para las firmas adheridas.
Según indicó el funcionario, “con la trazabilidad se pueden caer todos los beneficios que se habían otorgado con Precios Justos”. Por ese motivo, advirtió: “Llegado el caso, vamos a informar que tal empresa no ha cumplido con el acuerdo que firmó con la Secretaría de Comercio”.
“El Estado ha hecho un gran esfuerzo con los acuerdos de precios. Las empresas no van a perder, sino que van a ganar un poquito menos”, justificó el jefe de la AFIP.
