Una de las joyas naturales más protegidas de Salta quedó en el centro de un escándalo que mezcla medio ambiente, poder y una presunta falsificación documental.
El episodio ocurrió en la Ruta Provincial 68, km 17, paraje La Punilla, a pocos kilómetros de Cafayate, donde en las últimas horas se montó una estructura de gran puerta —carpa gigante, reflectores y equipos de sonido— para la realización de una boda privada dentro de una zona protegida por la Ley Provincial 6806.
El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, Alejandro José Aldazábal, presentó una denuncia penal contra Lucía Grajales Soriano por la presunta adulteración de su firma en un documento que habría servido como autorización para montar el evento. Aldazábal declaró: “No autoricé nada, ese documento es falso” y advirtió: “Actuaremos hasta las últimas consecuencias, es muy grave”. La denuncia fue formalizada el 23 de marzo en la Fiscalía Penal de Cafayate y la causa ya está en manos del juez y del Ministerio Público.
La celebración se realizó en un área protegida por la Ley Provincial 6806, normativa que regula usos, actividades y restricciones en reservas y áreas naturales de la provincia.
La instalación de una carpa, sistemas de iluminación y sonido, y el movimiento logístico pueden provocar daño del suelo, perturbación de la flora y fauna silvestre, medidas de erosión y acumulación de residuos si no se adoptan ambientales adecuados.
La presunta falsificación de una autorización implica posibles delitos penales (falsificación de documentos, uso de documento falso) y responsabilidades administrativas o sanciones ambientales para los organizadores y/o quienes facilitan el permiso irregular.
Según lo informado por el funcionario, la Fiscalía ya recibió la denuncia y se espera que la Justicia disponga medidas probatorias: peritajes documentales para determinar la autenticidad de la firma, secuestro del expediente administrativo supuestamente utilizado como autorización, testimonios de testigos presentes en el lugar, y posibles inspecciones técnicas en la reserva para evaluar daños. También es probable que intervengan organismos provinciales y municipales vinculados al control ambiental y la habilitación de eventos.
El caso despertó repercusión local por la sensibilidad del lugar y por la implicación de autoridades y de la información oficial adicional desde la Secretaría de Medio Ambiente o la Fiscalía.
- Resultados del peritaje caligráfico/documental que determinó si la firma fue efectivamente falsificada.
- Determinación de responsabilidades civiles, administrativas y penales en caso de comprobarse irregularidades y daños ambientales.
- Medidas de remediación ambiental si se constatan perjuicios en la reserva.
La zona de Cafayate y sus parajes atraen turismo por su valor paisajístico y ecosistemas frágiles; Por eso, la Ley Provincial 6806 establece protección y requisitos para cualquier actividad dentro de áreas protegidas, especialmente eventos que impliquen infraestructura temporal y influencia de público.
La investigación judicial y administrativa definirá si la autorización fue falcificada y quiénes resultan responsables. Mientras tanto, la Secretaría de Medio Ambiente anticipó que seguirá el caso “hasta las últimas consecuencias”. Para seguir el desarrollo del expediente conviene esperar comunicados oficiales de la Fiscalía Penal de Cafayate y de la Secretaría de Medio Ambiente.
