En Salta se investiga el otorgamiento irregular y fraudulento de más de 22.000 pensiones por discapacidad consideradas “truchas”.
La causa, liderada por el fiscal federal Carlos Amad y ordenada por el juez Julio Bavio, involucra allanamientos en clínicas, consultorios médicos, oficinas municipales y dependencias sociales en varias localidades de la provincia. La investigación apunta a una red de asociación ilícita, falsedad ideológica y defraudación al Estado nacional con un daño financiero millonario a las arcas públicas. Este caso tiene sus orígenes en otra investigación en la provincia del Chaco donde se detectaron pensiones fraudulentas a partir de certificados médicos falsos firmados en Salta.
Entre los implicados estarían médicos, bioquímicos, funcionarios administrativos y agentes de organismos estatales que habrían permitido el trámite, otorgamiento y cobro ilegal de estas pensiones. La pesquisa dejó al descubierto desde certificados apócrifos hasta estudios veterinarios usados para justificar discapacidades. Se calcula que el mecanismo fraudulento provocó pérdidas millonarias para el Estado y se investiga además quiénes fueron los responsables y beneficiarios de esta red.
Esta investigación federal lleva varios meses y se espera que culmine con imputaciones formales a los presuntos responsables. Además, la Provincia de Salta ha denunciado irregularidades y arbitrariedades en la suspensión masiva de pensiones legítimas y reclama medidas para garantizar derechos a las personas con discapacidad afectadas por procesos opacos.
Estos hechos reflejan un sistema con múltiples fallas de control y corrupción en la gestión de pensiones por discapacidad en Salta y otras provincias argentinas, que es objeto de auditorías y procedimientos judiciales nacionales y provinciales en 2025.
